«Madrid será la ley de la selva»: las secuelas del bloqueo de las normas urbanísticas

Cada día que pasa es una día perdido para reformar el Plan General de Ordenación Urbana. Es la sensación que recorre el Área Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid que tiene una fecha marcada en rojo en su calendario: el próximo 6 de agosto. Es cuando finaliza la moratoria concedida a las cocinas fantasma, esos restaurantes dedicados por completo a la venta a domicilio, sin mesas, camareros ni un local bien definido. Entonces, «Madrid se convertirá en la ley de la selva», alerta Mariano Fuentes, delegado del ramo que lleva tres años trabajando para adecuar las normas urbanísticas de la capital a los «nuevos tiempos». Este marco normativo también recoge la regulación de los pisos turísticos o las dotaciones de cualquier barrio de la ciudad. Y si Vox, o cualquier partido de la izquierda en Cibeles, no ofrecen sus votos, la proliferación de las dark kitchen solo será una de tantas secuelas.

Calendario en mano, apenas resta un pleno ordinario antes de las elecciones municipales del 28 de mayo. Aunque también se puede convocar una sesión extraordinaria ex profeso para aprobar las NNUU, desde el departamento que lidera el concejal de Cs no aguardan muchas esperanzas en que el candidato de la quinta fuerza en el Consistorio, Javier Ortega-Smith, de su brazo a torcer. «El problema no es Vox, es él, que es Nelson de los dibujos de Bart Simpson, un niño cabreado que solo actúa por puro interés electoral», se resigna Fuentes, que este lunes ha convocado un encuentro informativo con los medios de comunicación para que «los madrileños sepan los muchos efectos de que no se apruebe la modificación del PGOU».

Con rictus muy serio, la mano derecha de la vicealcaldesa Begoña Villacís coge aire y empieza a enumerar las consecuencias: «Esta ley de la selva va a afectar a todo el sector inmobiliario y su impacto en la ciudad: falta de captación de inversión para la generación de nueva vivienda, pisos turísticos, dotaciones en nuevos barrios…» El texto actual data de 1977, cuando las viviendas de uso turístico ni siquiera existían, por lo que muchos propietarios pueden aprovecharse de una redacción «ambigua».

«A lo que hay que sumar una ralentización en la puesta en marcha y construcción de nueva vivienda. Sin unas reglas de juego claras, los promotores inmobiliarios no saben a qué atenerse y todo el sector inmobiliario se ha paralizado». A modo de ejemplo, Fuentes apunta a los nuevos desarrollos de Los Ahijones y Los Berrocales: «Tenían previsto que se modificasen las normas urbanísticas».

Pero la lista de contras sigue. El bloqueo de la revisión de las NNUU también repercute en el gasto y la inversión de la ciudad, «con un impacto de más de 255,8 millones de euros y 4.500 puestos de trabajo«. Además de todos los asuntos que contemplaba el nuevo expediente, como las nuevas formas de vivir en comunidad, el cohousing o el coliving, la mejora de accesibilidad a edificios, la posibilidad de que las terrazas de las viviendas dejen de computar como superficie construida o el llamado factor verde, en forma de incentivos urbanísticos para aquellos proyectos que apuesten por la eficiencia energética.

¿Otro boom de las cocinas fantasma?

Fue en julio de 2021 cuando se aprobó la suspensión durante un año, prorrogable otro más -como se hizo después-, de la concesión de licencias de actividades industriales en categoría de cocinas agrupadas. Esta termina en agosto y habría que esperar cinco años, según ha detallado Fuentes, para aprobar una nueva, por lo que supondría que las cocinas fantasma se quedarían «sin limitación ni regulación» en la capital. Una oportunidad para muchas compañías de solicitar su licencia y encender los fogones frente a viviendas o incluso colegios, como el CEIP Miguel de Unamuno, donde 13 chimeneas daban al patio de los niños pequeños.

Acuerdo tras el 28M

Dado que cualquier modificación en el texto exige «volver a la casilla de salida», de hace tres años, antes de la redacción de expedientes y el periodo de información pública, la única opción que queda es la aprobación de la normativa, tal cual está redactada, por parte de del futuro Gobierno municipal que salga elegido el próximo 28 de mayo. Ortega Smith se ofreció por carta al alcalde, José Luis Martínez-Almeida la semana pasada a explorar esta vía, algo que Fuentes ha calificado de «trilerismo político». «No movería una coma del trabajo que ahora se niegan a aprobar», ha expuesto dando carta de naturaleza a ese escenario.