La Comunidad prohibirá usar viviendas de protección pública como pisos turísticos
Garantizar unos estándares de calidad, limitar los inmuebles que se pueden destinar a uso turístico o endurecer las sanciones para los reincidentes son algunas de las novedades que la Comunidad de Madrid introducirá en la nueva normativa para el control de este tipo de viviendas. El Gobierno regional aún tramita el nuevo decreto, que saldrá a consulta pública, para su posterior aprobación. Con ello, se busca adaptar el marco legal de la región y acomodarlo con las indicaciones de la Unión Europea y las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre esta materia.
«Las modificaciones van dirigidas a actualizar los requisitos para garantizar la calidad del producto turístico y a salvaguardar la protección de los derechos de los usuarios», ha indicado este miércoles el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García, tras la reunión del Consejo de Gobierno. La normativa prohíbe de forma específica que las viviendas de protección pública se destinen a usos de hospedaje turístico. Asimismo, también se limita la utilización en los inmuebles donde se recoja esta limitación en los estatutos aprobados por la comunidad de vecinos.
El decreto que prepara el Gobierno regional establecerá una serie de requisitos y niveles de calidad que deberán cumplir todas las viviendas que se destinen para este uso. Desde la Comunidad no se han concretado cuáles serán estos estándares de calidad, pero estarán relacionados con la limpieza, espacio habitable, climatización y otras prestaciones. Otro de los cambios más significativos establece que serán los titulares de la prestación de servicios de alojamiento turístico los que deban presentar la declaración responsable para poder iniciar la actividad en lugar de los propietarios de la vivienda. El texto normativo también recoge que serán los ayuntamientos los encargados de fijar las exigencias sobre el uso compatible o complementario de este tipo de viviendas.
Además de estos cambios legales, el Ejecutivo regional reforzará el control con aumento de los efectivos dedicados a esta actividad. En la actualidad la administración autonómica cuenta con 16 equipos que se dedican a inspeccionar este tipo de licencias. A ello se sumarán otros 17 trabajadores, donde se incluyen los cuatro asignados para aplicar el nuevo reglamento de la Unión Europea sobre el alquiler de corta duración.
Asimismo, la Comunidad en la modificación normativa se endurecerán las penas incrementando las cuantías de las multas para aquellos propietarios reincidentes que se salten la legalidad. En paralelo, se reforzarán los canales de intercambio de información y colaboración con todos los municipios de la región.
Ante el crecimiento de turistas y el aumento de pisos turísticos en paralelo, administraciones locales como el Ayuntamiento de Madrid ha suspendido la concesión de nuevas licencias y endurecido las sanciones de manera temporal hasta aprobar una nueva regulación. Sin embargo, asociaciones vecinales solicitaron medidas adicionales, ya que, afirman, muchos de estos inmuebles operan sin los permisos requeridos.