Hacienda acusa a Madrid de «gamberrismo institucional» y de «boicotear» el Consejo de Política Fiscal sobre financiación autonómica

El Ministerio de Hacienda ha acusado de «gamberrismo institucional» a la Comunidad de Madrid por intentar «boicotear» el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) previsto para este viernes después de que el gobierno regional anunciara esta tarde su intención de ausentarse del mismo. Hacienda convocó el cónclave antes de las vacaciones para debatir sobre la reforma del sistema de financiación autonómica que promueve el Gobierno y que rechazan todos los ejecutivos regionales a excepción de Cataluña y Canarias.

El ejecutivo de Ayuso trasladó en la tarde de este jueves que no acudirá a la reunión y anima a hacer lo mismo al resto de comunidades gobernadas por el PP. Según la comunicación, a la que ha tenido acceso este diario, Madrid arguye que la única forma de que no se materialice un acuerdo sería evitar haya el quorum suficiente para que no pueda votarse la propuesta de Hacienda.

Según el reglamento del CPFF, para que el consejo esté válidamente constituido es necesario que asistan al menos la mitad de sus miembros, por lo que sería necesario una deserción amplia entre las doce autonomías que gobierna el PP y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La normativa interna de este órgano -que reserva la mitad de los votos al ministerio y reparte el resto entre las comunidades- hace que el Gobierno tenga garantizado que su propuesta saldrá adelante con el voto favorable de Cataluña y Canarias.

Fuentes oficiales del departamento que dirige Arcadi España tachan de «irresponsable» la actitud del gobierno de Ayuso y lo acusan de hacer un llamamiento a «boicotear» la reunión. Desde el ministerio trasladan que todos los gobiernos autonómicos habían confirmado su asistencia al cónclave en el que Hacienda defenderá su propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica.

De hecho, subrayan que todas las comunidades habían acudido con normalidad a las reuniones preparatorias que se han celebrado en la mañana de este jueves. Según Hacienda, ninguna consejería trasladó su intención de ausentarse del encuentro durante las conversaciones previas. El ejecutivo madrileño sostiene que ya había trasladado su postura al resto de autonomías y a la dirección nacional del PP en reuniones internas celebradas previamente.

En cualquier caso, el Ministerio de Hacienda recalca que la reforma del modelo se debatirá «en última instancia» en el Congreso de los Diputados, que es donde reside la soberanía nacional, insisten. Como sucede con las leyes que salen del ministerio que afectan a las autonomías, lo habitual es que se vote primero en el Consejo de Política Fiscal y después pasen al Consejo de Ministros para acabar, finalmente, en el Congreso y el Senado.

Por el momento, ninguna otra autonomía gobernada por los populares ha trasladado públicamente su intención de no acudir a la reunión. Hasta la fecha, los gobiernos regionales del PP habían hecho frente común tanto contra la reforma de la financiación como con la condonación de la deuda. Y eso pese a que dentro del bloque conviven territorios como Comunidad Valenciana o Murcia -que se encuentran entre las peor financiadas y con más deuda pública- con Cantabria o Baleares, que reciben recursos por encima de la media o la propia Madrid, que apenas tiene deuda.

De hecho en febrero del año pasado, todas las autonomías del PP se coordinaron para abandonar el CPFF en el que se debatió la condonación de la deuda y escenificaron su desacuerdo con una declaración improvisada en las escaleras del Ministerio de Economía, donde se celebran las reuniones. Entonces, una de las portavoces de la protesta fue Rocío Albert, la consejera de Hacienda madrileña. El frente autonómico del PP trató de impugnar la votación al considerar que no había quorum suficiente, pero Hacienda rechazó esa interpretación al considera que ya se había constituido la reunión.

Las líneas generales de la reforma del sistema de financiación que presentará Arcadi España el viernes son ya conocidas desde hace tiempo. El Ejecutivo plantea incrementar la parte del pastel de los impuestos que le corresponde a las comunidades autónomas en 21.000 millones de euros para que ninguna vea reducidos sus recursos. Sin embargo, el reparto de los nuevos fondos beneficia particularmente a Cataluña -que recibiría unos 507 euros más de financiación por habitante, según estima Fedea-, Comunidad Valenciana (496 euros), Murcia (468), Baleares (450 euros) y Madrid (409).

Al mismo tiempo, modifica el cálculo de población ajustada -que determina cómo se reparten los recursos en función de la necesidad de gasto público- y altera elementos fundamentales del sistema como la solidaridad interterritorial. Con la nueva financiación, la Comunidad de Madrid contribuiría con unos 8.000 millones a financiar al resto de territorios (una cifra muy similar a la que ya realiza), mientras que Cataluña reduciría notablemente su aportación de los 2.266 millones actuales a apenas 810 millones.