El 'cártel de los pañales': Madrid les reclamará al menos 73 millones por 14 años de fraude

En 2016, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia impuso multas valoradas en casi 129 millones de euros a ocho empresas fabricantes de absorbentes de incontinencia urinaria y su patronal por pactar los precios de esos productos durante 18 años, entre 1996 y 2014. Estas les valieron el sobrenombre de ‘cártel de los pañales’. Algunas compañías, al no estar de acuerdo con las sanciones, las recurrieron en los tribunales, que en sucesivas sentencias las han ido desestimando hasta que el pasado verano el Tribunal Supremo (TS) confirmó las últimas penalizaciones que le quedaban pendientes.

Tras adquirir firmeza las multas impuestas por Competencia, llegó el turno de los damnificados por el pacto de precios, entre los que se encontraban prácticamente todas las comunidades autónomas. Hasta 14 autonomías manifestaron su intención de recurrir cantidades millonarias por este fraude y entre ellas se encuentra la Comunidad de Madrid. En una estimación inicial, los responsables de la Administración regional han calculado el daños a las arcas públicas madrileñas en 73 millones de euros por prácticas de mercado prohibidas durante 14 años. Así lo trasladó la directora general de Patrimonio y Contratación, Beatriz Martín de la Peña, durante una comparecencia en la Asamblea regional.

La responsable autonómica detalló que se lleva meses trabajando en este asunto y que el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) ya formuló en su día una reclamación extrajudicial de los daños y perjuicios a las empresas sancionadas. «El objeto principal de la reclamación fue, por un lado, la reclamación del abono de cantidades; y por otro, hacer uso de lo establecido en el artículo 1.973 del Código Civil, que se refiere a la suspensión de los plazos de prescripción en las acciones judiciales», explicó.

«Las empresas que estaban involucradas en este cártel no dieron contestación«, aseveró Martín de la Peña, que agregó que el siguiente paso que dio la Comunidad fue iniciar los trámites para analizar cuál sería el comienzo de las acciones judiciales. Los hechos con todo detalle se trasladaron a los abogados de la Comunidad de Madrid, a los que se les pidió un informe que avalara la viabilidad de la reclamación, tal y como establece la ley.

Ese informe de la Abogacía llegó hace unos meses y ponía el acento sobre dos circunstancias. En primer lugar establecía que aunque se había constatado que el cártel había empezado a operar en 1996, la Comunidad solo podría reclamar daños a su Hacienda desde 2001 porque fue entonces cuando el Estado transfirió a la región las competencias en materia sanitaria. En segundo, recomendaba que se encargar un dictamen pericial en el que se constatase con precisión la cuantía exacta de los perjuicios a reclamar «para tener más éxito en la viabilidad de la acción judicial».

La directora general de Patrimonio y Contratación explicó que esta es «una tarea extremadamente compleja» por todos los datos que hay que recabar y la precisión que estos deben tener. «Se consideró que la forma más idónea era sacar una licitación de este contrato para hacer un dictamen que sea elaborado por una empresa externa altamente especializada», explicó Martín de la Peña en la Asamblea.

Este es un encargo que aún no se ha materializado, según manifestó, porque los pliegos se encuentran en fase de elaboración. La responsable autonómica sí que comunicó que el plazo de ejecución que se baraja para el contrato son seis meses y que requerirá unas 1.000 horas de trabajo a razón de 100 euros la hora. Los técnicos de la empresa que resulte adjudicataria partirán de la estimación de daños valorados en 73 millones de euros que ha hecho ya el Gobierno regional, aunque este dato puede cambiar en función del examen pericial.

Durante la comparecencia de la directora general en el parlamento, de hecho, Más Madrid dudó de la cifra por baja, aludiendo a que otras comunidades habían reclamado cantidades mayores, incluso superiores a los 100 millones. Cuando el análisis pericial esté completado y plasmado en un documento, este se remitirá a los tribunales para que se inicien las acciones judiciales y la Comunidad pueda recuperar el dinero público que le estafó el ‘cártel de los pañales para adultos’.