La ayuda a jóvenes de hasta 30.000 euros para viviendas protegidas de alquiler con opción a compra la recibirán los vendedores
El Ministerio de Vivienda ha sacado este miércoles a audiencia pública el proyecto del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que será la base para canalizar buena parte de la inversión del Estado —y de las comunidades autónomas— en materia de vivienda para los próximos cinco años. El documento, que el Gobierno prevé aprobar a finales de año, incluye entre las distintas iniciativas varias ayudas encaminadas a fomentar la emancipación de los jóvenes, algunas ya existentes como el Bono Alquiler Joven. La más novedosa son los casi 30.000 euros anunciados este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para los menores de 35 años que accedan a una vivienda protegida de alquiler con opción a compra, una ayuda que, según los detalles conocidos este miércoles, se encauzará a través de los vendedores, que serán quienes reciban la cuantía, siempre condicionada a descontar el mismo importe del precio final de compra.
El proyecto de real decreto identifica como beneficiarios de esta nueva ayuda a las «personas físicas o jurídicas vendedoras de viviendas protegidas con protección permanente que hayan formalizado un contrato de arrendamiento o cesión de vivienda con inclusión de una opción de compra por un plazo e importe cierto», siempre y cuando la edad del inquilino no supere los 35 años. De este modo, será el propietario del piso protegido —ya sea una administración, un particular, una entidad sin ánimo de lucro o una empresa— quien perciba la ayuda, cuya cuantía será el equivalente a las mensualidades abonadas por el inquilino joven antes de ejercer el derecho a compra, con un límite de 28.800 euros por inmueble.
El régimen de alquiler con opción a compra consiste precisamente en que las mensualidades abonadas antes de la adquisición de la vivienda se acaban descontando del precio final de compra, una fórmula que el Gobierno confía en que sirva para facilitar el acceso de los jóvenes a una casa y subsanar la escasez de ahorros. Solo podrán acogerse a la nueva ayuda los pisos protegidos de forma permanente, es decir, que mantengan su precio limitado si en el futuro se vuelven a vender y que el nuevo comprador cumpla los mismos requisitos que los exigidos al anterior propietario, en base a la correspondiente normativa local y autonómica. Además, la opción de comprar el inmueble deberá ejercerse en un máximo de tres años desde la firma del contrato.
Serán las comunidades autónomas quienes decidan si poner en marcha o no este programa de ayudas, ya que el Plan Estatal de Vivienda (PEV) recoge un abanico de ayudas sobre el que posteriormente el ministerio y cada comunidad firma un convenio con los objetivos específicos a alcanzar en cada territorio y la correspondiente financiación. En total, el Gobierno prevé dotar el nuevo plan con 7.000 millones de euros, correspondiendo el 60% de los fondos al Estado y el 40% restante a las comunidades autónomas, aunque sin obligación de cofinanciar las actuaciones desarrolladas en el primer año de vigencia del plan.
Las otras dos novedades del plan son un seguro frente a impagos del alquiler que cubre a menores de 35 años, mayores de 65 años y familias monomarentales con hijos a cargo y una ayuda de hasta 15.000 euros para jóvenes para comprar una casa en un municipio de menos de 10.000 habitantes. Se marca un tope de precios para dichos inmuebles que oscila entre los 200.000 euros en Extremadura y los 325.000 euros en la Comunidad de Madrid. La cuantía de la ayuda no puede superar el 20% del coste de adquisición de la casa.
Bono Alquiler Joven de 300 euros
Aparte de estas nuevas iniciativas, el plan estatal recoge también para los menores de 35 años el conocido como Bono Alquiler Joven. En esta ocasión, la cuantía se amplía en 50 euros hasta un máximo de 300 euros mensuales en caso de tener alquilado un piso y de 200 euros si se trata de una habitación, siempre sin superar el 60% de la renta mensual. Para poder acogerse a esta ayuda, que tiene una duración de dos años prorrogable a otros dos, el alquiler de la vivienda no puede superar los 1.000 euros mensuales o los 600 euros si se trata de un piso —500 y 250 euros respectivamente si se reside en un municipio de menos de 10.000 habitantes—, aunque las comunidades autónomas pueden elevar estos umbrales si la carga del alquiler supera en su territorio el 30% de los ingresos medios de los hogares o el precio de la vivienda ha subido en los últimos cinco años más de tres puntos por encima del IPC. No podrán pedir el bono quienes ya tengan un piso en propiedad o vivan en una casa de un familias directo.
Además, el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 reedita también las ayudas al alquiler para inquilinos con bajos ingresos, con una cuantía máxima de 250 euros mensuales para pisos y 150 euros para habitaciones alquiladas durante dos años, prorrogable a otros dos años. También se repiten las ayudas específicas para víctimas de violencia de género, personas desahuciadas, sin hogar y otros colectivos especialmente vulnerables, con cuantías de hasta 900 euros al mes para el alquiler durante cinco años más otros 300 euros para suministros básicos y demás gastos asociados, siempre y cuando no se sobrepase el 100% del desembolso.
En total, el conjunto de ayudas para reducir la tasa de esfuerzo de las familias para el pago de la vivienda y fomentar la emancipación de los jóvenes concentra el 30% de los fondos previstos para el PEV 2026-2030, lo que equivale a unos 2.100 millones de euros. Es la misma cantidad que se planea dedicar a ayudas a la rehabilitación. El 40% restante —2.800 millones de euros— se destinará a ampliar el parque público de vivienda, con ayudas para la construcción y adquisición de inmuebles destinadas a alquiler social o asequible durante, al menos, 50 años.