Qué hacer si un vecino realiza obras no autorizadas en la comunidad: la Ley de Propiedad Horizontal lo aclara
Vivir en un edificio implica aceptar que hay que compartir ciertos espacios. Los portales, escaleras, fachadas, cubiertas, patios, garajes o jardines, ascensores, etc., son responsabilidad conjunta. En este contexto y para garantizar un funcionamiento ordenado, en España rige la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), que fija reglas claras sobre el uso de los espacios comunes y las obras que pueden realizarse en una comunidad.
Uno de los puntos clave de la normativa es el artículo 7, que impone a los propietarios la obligación de respetar los estatutos comunitarios y los acuerdos adoptados en junta. Este precepto prohíbe llevar a cabo modificaciones en los elementos comunes sin contar con el respaldo de la comunidad.
En la práctica, significa que cosas como modificar la iluminación de los pasillos o colocar un aparato de aire acondicionado en la fachada requiere autorización expresa.
El procedimiento cuando uno de los vecinos incumple
El fundamento de la ley es sencillo, los elementos comunes afectan a todos, tanto en el aspecto funcional como en el estético. Una obra individual que modifique la fachada, por ejemplo, cambia la imagen del edificio entero, y alterar la cubierta puede tener consecuencias estructurales. De ahí que la ley impida actuar de manera unilateral y someta estas decisiones al criterio de la junta de propietarios.
Cuando un vecino ignora esta obligación y realiza obras sin permiso, la comunidad dispone de herramientas para reaccionar. El primer paso suele ser convocar una junta, donde los propietarios deciden si iniciar un procedimiento contra el infractor. Tras el acuerdo, se notifica formalmente al responsable para que detenga los trabajos o devuelva la zona a su estado original.
Si este se niega, la comunidad puede recurrir a los tribunales. La ley respalda este tipo de reclamaciones, que en numerosas ocasiones han sido confirmadas por la jurisprudencia española.
Consecuencias de modificar los espacios comunes
En primer lugar, se puede exigir la restitución del espacio común al estado previo a la intervención. Además, si la obra ha ocasionado daños a la estructura, a instalaciones compartidas o a terceros, el propietario que la ejecutó debe hacerse cargo de los gastos de reparación e incluso de indemnizaciones. La LPH establece claramente que los costes no recaigan en el conjunto de vecinos, sino en quien incumplió la norma.
Aun así, la mayoría de problemas podrían evitarse con una comunicación adecuada. Los administradores de fincas recuerdan que incluso intervenciones aparentemente menores, como colocar un toldo o cambiar una puerta en un pasillo, requieren aprobación. Pedir permiso en junta no solo es una obligación legal, sino también una vía para coordinar trabajos, comprobar que cumplen la normativa urbanística y reducir tensiones entre vecinos.