Los vecinos piden las mismas limitaciones a los pisos turísticos en todos los barrios de Madrid
Prohibir los pisos turísticos en todo Madrid es el deseo de los vecinos y así lo han expresado en las alegaciones al Plan Reside del Ayuntamiento de Madrid que trata de regular este tipo de alojamientos. Es la apuesta máxima de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm) aunque siendo conscientes de la postura del Consistorio, que quiere preservar tanto la actividad turística como mejorar la convivencia entre los vecinos, proponen otras modificaciones menos restrictivas. Entre ellas, aplicar las limitaciones del plan en toda la ciudad y proteger más zonas con saturación de pisos turísticos en los ejes comerciales.
Madrid se encuentra afectada por una situación de “emergencia habitacional” a la que contribuyen “un alto número de viviendas vacías, el crecimiento exponencial de las viviendas de uso turístico (VUT) y la presencia creciente de grandes tenedores de vivienda”, consideran desde la Fravm. Por eso rechazan la posibilidad de transformar mediante planes especiales el cambio de uso de residencial a hotelero por edificios completos. El Gobierno municipal solo va a permitir pisos turísticos en edificios completos en el centro histórico de la ciudad, por lo que los vecinos, a partir de la implantación del Plan Reside no tendrán que convivir con los turistas. Algo que la Fravm rechaza de pleno porque “Madrid no puede perder ni una sola vivienda residencial de uso principal más”.
Con la propuesta de los vecinos, no se podría transformar ningún edificio completo residencial en VUT. Sí aceptan, en cambio, la posibilidad de utilizar edificios terciarios para su transformación en espacios de hospedajes salvando el zócalo comercial, como dice la propuesta del Consistorio. Este tipo de edificios son los que están destinados exclusivamente a usos comerciales, profesionales o de servicio como oficinas, tiendas, hoteles… De hecho, para tratar de aumentar el parque de vivienda en la capital, consideran que se debería impulsar un plan de “desterciarización” de la APE. 00.01 para “conseguir captar la mayor cantidad posible de viviendas para uso residencial”. La APE 00.01 es el área con las restricciones más severas y abarca los distritos de Centro, Chamberí, Salamanca, Retiro y parte de Arganzuela, Moncloa y Chamartín.
Conscientes de que estas dos alegaciones, probablemente, no sean tenidas en cuenta “ a tenor de las políticas urbanísticas desarrolladas por el actual Consistorio”, piden que el Plan Reside no divida a Madrid en dos zonas con distintas restricciones, sino que se aplique a toda la ciudad las normas previstas para la APE 00.01. Es decir, que se prohíban los pisos turísticos dispersos en edificios residenciales y la transformación de locales comerciales en VUT en todo Madrid.
Admiten que, si bien es cierto que en distrito Centro las VUT alcanzan una concentración enorme, con casi la mitad del total, seguido de los distritos interiores a la M-30 (Salamanca, Chamberí, Arganzuela…), el fenómeno empieza a extenderse a los distritos del exterior de la M-30. “La inmensa mayoría de los barrios cuentan con varias decenas cada uno”, sostienen. E identifican que la acumulación de pisos turísticos es notable en Puerta Bonita (Carabanchel), a lo largo de General Ricardos y en San Diego y Numancia (Puente de Vallecas). Lo mismo sucede en Ventas, Pueblo Nuevo (Ciudad Lineal), Simancas (San Blas-Canillejas) y los barrios de Canillas, Pinar del Rey y Valdefuentes (Hortaleza).
Proteger el zócalo comercial fuera de la M-30
En caso de no conseguir tampoco esta alegación, hacen propuestas concretas para proteger el zócalo comercial en zonas que ya muestran rasgos de saturación. El modelo del Consistorio apuesta por limitar la transformación de locales en pisos turísticos en las vías que el Plan General de Ordenación Urbana establece como terciarizadas. Serían, por ejemplo, el entorno de Marcelo Usera, Bravo Murillo o General Ricardos; la avenida de Entrevías desde su inicio hasta la M-40, zonas de López de Hoyos, Cartagena y calle Alcalá, o en el paseo de Extremadura desde Alfonso Cea al puente de Segovia.
La Fravm reclama declarar varias calles de Batán y Lucero como “áreas de especial protección para salvaguardar el comercio local y la convivencia vecinal”, así como establecer un tope máximo de VUT en el barrio, o sea, limitar la concesión de licencias. Entre ellos, los bajos comerciales del paseo de Extremadura, de la calle Villavaliente, calle el Greco, calle Villamanín, calle Latina, Alhambra, Higueras y Cebreros.
En Puente de Vallecas también piden proteger los siguientes ejes comerciales: arroyo del Olivar (desde Martínez de la Riva hasta Payaso Fofó), avenida de Peña Prieta (desde Doctor Lozano a avenida de la Albufera), bulevar de la Peña Gorbea, Pedro Laborde (desde avenida de la Albufera hasta avenida de Palomeras) y plaza de Puerto Rubio. Especial atención ponen sobre el distrito de Tetuán porque «la proliferación de viviendas de uso turístico no difiere de la que se ha producido en la zona centro».
Aportan datos del año 2023, cuando existían 951 VUT en Tetuán, «la gran mayoría ilegales», y se han transformado en los últimos años «816 bajos comerciales en viviendas». Esta situación, insisten, agrava la falta de vivienda disponible y dispara el precio de los alquileres: «Tetuán es el tercer distrito en el que más ha subido, un 15,7% desde 2023», asegura la Fravm. Además, el hecho de que las normas más severas se queden a las puertas de esta zona, es una aliciente para la invasión de VUT. Por eso, tal y como se hizo en el Pleno del distrito, solicitan ampliar el área de prohibición total en edificios residenciales al distrito de Tetuán.
Por último, consideran que los servicios de inspección del Ayuntamiento han fallado y, además, critican que las órdenes de cese y clausura de la actividad se alargan en el tiempo por «un procedimiento administrativo-judicial extremadamente enrevesado». El Gobierno municipal incrementó los inspectores un 15%, hasta los 75, para perseguir los pisos turísticos ilegales. Cifra insuficiente para la Fravm, que reclama un aumento del cuerpo de inspección «no inferior al triple del existente». Mientras la situación se resuelve, proponen que se apliquen en el presente año las multas previstas en el artículo 207 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid o, en su caso, las multas coercitivas establecidas en el artículo 52 de la Ley de Capitalidad.
El Consistorio amplió las sanciones con su plan de acción mientras se aplica definitivamente el Plan Reside: la primera es de 30.000 euros, la segunda de 60.000 y la tercera de 100.000, pudiendo llegar a acumular 190.000 euros en sanciones. Con la Ley del Suelo que sugiere la Fravm, las infracciones leves contemplan multas de 600 a 30.000 euros, las graves de 30.001 a 600.000 y las muy graves de 600.001 a 3 millones de euros. Por su parte, el artículo 52 de la Ley de Capitalidad recoge multas de hasta 3.000 euros «como medio de ejecución forzosa de sus actos».
El periodo de alegaciones del Plan Reside finalizó el pasado 7 de febrero. Ahora, el Ayuntamiento ha de estudiar las diferentes propuestas y decidir si incorpora alguna de ellas. El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, insiste en defender su modelo de dos zonas para la ciudad.