Un juez rechaza retirar el cartel de Vox contra los menores migrantes como solicitaba la Fiscalía
Un juzgado de Madrid ha rechazado retirar el cartel de Vox que compara la pensión de una jubilada con el supuesto coste de mantenimiento de los menores inmigrantes no acompañados (los denominados ‘menas’) y que ha sido denunciado este jueves por la Fiscalía, al ver en el mensaje un posible delito de odio. Había sido el ministerio público, precisamente, el que había solicitado en el marco de este procedimiento que la publicidad electoral fuera retirada de la estación de Cercanías de Sol, donde fue instalada el martes, y de cualquier otro lugar en el que se hubiera colocado porque a su juicio supone una vulneración de los derechos de los menores señalados.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el titular del Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid, que está de guardia este jueves, ha denegado la medida que ha solicitado el ministerio público al estimar que no se da «peligro por la demora» en su retirada. Se puede entender, en este sentido, que el juez que ha rechazado la cautelar no considera que el cartel de Vox menoscabe los derechos de los menores migrantes por estar expuesto públicamente, si es que tras la investigación judicial se considerara la publicidad constitutiva de delito de odio, como mantiene la Fiscalía.
Una vez tramitado este procedimiento de urgencia que se ha resuelto en contra del criterio de la Fiscalía será el Juzgado de Instrucción número 53 de la capital el que estudie la denuncia presentada por la Fiscalía, para dirimir si hay en el mensaje electoral de Vox un delito de odio contra los menores migrantes.
Los representantes del ministerio público consideran que en el mensaje electoral «se traslada no solo el supuesto importe económico que cuesta el mantenimiento de un menor extranjero no acompañado enfrentado al de un pensionista, cuestionándose así su carácter ético y legal, sino también una imagen física prejuiciosa del menor como persona extranjera, violenta y delincuencial«. Al respecto, apuntan que el individuo que aparece en el cartel aparece «encapuchado, embozado y racializado».
El delito de odio, recuerda la denuncia, integra varios tipos en los que el bien jurídico protegido «es la dignidad de la persona, individualmente y como parte de determinados colectivos».