Madrid recurre a médicos colaboradores externos para desatascar la valoración de la dependencia y la entrega de ayudas
Reducir la lista de espera para atención a la discapacidad. Este es uno de los retos pendientes de la Comunidad de Madrid sobre el que se trabaja para agilizar los reconocimientos y acceder en menos tiempo a las ayudas y prestaciones. En esta línea, los centros base de la región han comenzado a reforzarse con médicos colaboradores que se adhieren de forma voluntaria al plan para incrementar el número de expedientes que se resuelven al año y actuar sobre el tapón burocrático. La medida se desarrolla en colaboración con el Colegio de Médicos y se centra en elaboración de los informes clínicos requeridos en este proceso. Junto a esta línea de actuación, se han implementado otras iniciativas como la renovación automática del grado de discapacidad y se planea abrir dos nuevos espacios de gestión.
«Esto ayudará a incorporar a las personas que los necesitan a los recursos necesarios», ha destacado la Consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, este lunes. Acceder a un centro de atención especializado, recibir ayuda domiciliaria, teleasistencia o las prestaciones económicas por cuidados quedan subordinadas al reconocimiento del grado de discapacidad. En la actualidad, el tiempo medio de espera entre la solicitud para hacer la valoración y la resolución definitiva es de 330 días. Para reducir estos tiempos, se prevé «incrementar hasta un 33% la capacidad de resolución de estos procedimientos».
El convenio firmado entre la Comunidad de Madrid y el Colegio de Médicos permitirá a los colegiados que se adhieran realizar informes clínicos en los 10 centros base de la región. Hasta la fecha, 122 médicos participan en este programa y 26 ya pasan consulta en uno de los puntos asistenciales. «El objetivo es llegar a las 80.000 reconocimientos anuales, frente a las 60.000 que se realizan ahora», han detallado desde la Consejería de Asuntos Sociales. Estos profesionales se unirán a los especialistas de los centros base para «reducir el volumen de expedientes pendientes y la disminución del plazo medio de resolución hasta un máximo de seis meses».
La Administración autonómica espera incrementar el ritmo de trabajo hasta «una media de ocho informes semanales por facultativo», lo que permitirá elevar en 20.000 las valoraciones que se realizan. La iniciativa se puso en marcha hace un mes y se espera ir incluyendo en la red a todos los médicos inscritos en el programa a cambio de una contraprestación económica. Antes de comenzar a pasar consulta, los facultativos reciben formación específica. «Animamos a todos los médicos que quieran a incorporarse a este convenio», ha señalado Dávila. Desde el Ejecutivo autonómico se ha destinado una partida de 2,3 millones de euros para dotar con fondos estas actuaciones.
Esta medida se incluye en la estrategia regional para reforzar la asistencia y la autonomía personal. Junto a ella, se han aplicado otros cambios como la renovación automática del grado de discapacidad. La Comunidad de Madrid introdujo el año pasado la tramitación de oficio para evitar que los ciudadanos tengan que solicitar periódicamente la revisión, como ocurría antes. Así, la Administración envía al teléfono móvil una notificación para indicar que mantiene su grado de discapacidad y se adjunta la documentación en formato digital para acreditarlo. Con esta implementación, solo hay que solicitar la revisión cuando se perciba un cambio en las circunstancias, cuando aumente o disminuya la discapacidad.
Por otro lado, la Consejería de Asuntos Sociales tiene pendiente abrir dos nuevos centros base: en la Sierra Noroeste y al sur de la región, sumando en total 12 dispositivos. La inclusión de estos espacios también ayudará a disminuir las demoras administrativas de estos puntos, ya que la saturación de algunas oficinas genera tapones administrativos. Además, mejorará la accesibilidad de los ciudadanos, evitando, en algunos casos, desplazamientos hasta la capital. El plan también contempla, en relación a los trámites, la necesidad de actualizar las ordenanzas municipales para agilizar la expedición de la tarjeta de estacionamiento.