El PSOE ultima con ERC y Bildu los criterios para los nuevos alquileres en 'zonas tensionadas' y cerrar la ley de vivienda
El PSOE mantiene negociaciones con ERC y Bildu para terminar de especificar cómo se regularán los nuevos inmuebles en alquiler por parte de pequeños tenedores en zonas tensionadas, ya que los socios del Gobierno buscan que se supediten al índice de referencia al igual que ocurrirá con los grandes tenedores, mientras que el PSOE tiene dudas al respecto.
Así lo indicaron fuentes conocedoras de la negociación después de que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, señalase el pasado jueves que están analizando «el impacto de las incorporaciones que se podrían introducir» cuando fue preguntada por esta cuestión.
«Espero que en las próximas semanas podamos resolver cuáles son estas cuestiones fruto del consenso de todos los grupos que estamos trabajando para sacar la ley adelante», indicó la ministra.
Tras 11 meses en tramitación parlamentaria en el Congreso por la falta de acuerdo entre el PSOE y sus socios, ambas partes han reconocido «avances» en las últimas semanas, que siguen acercando posiciones y que se mantiene el interés de las partes en llegar a un acuerdo en las conversaciones que se están llevando con discreción.
No obstante, el detalle de la norma sigue impidiendo cerrar un texto final. Sobre los nuevos alquileres en zonas tensionadas, el Gobierno mantiene sus reservas sobre cómo «solucionarlo para garantizar la seguridad jurídica y, especialmente en este caso, la económica».
Estas fuentes indicaron que si existen diferencias de precios en la misma zona el pequeño arrendador podría decidir dejar la vivienda vacía o alquilarla en el mercado negro, algo que preocupa al Ejecutivo, que busca que la ley salga «con todas las garantías», dando «seguridad y cobertura a todos los agentes» y no «a la ligera» para evitar estas consecuencias negativas.
En cualquier caso, el poder de la negociación está en manos de la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, que tiene que dar el visto bueno a algunos de los acuerdos a los que han llegado el PSOE y sus socios, como la rebaja de los pisos necesarios para ser considerado como gran tenedor —los que se tendrán que acoger a la limitación de precios— a una cifra que se moverá en torno a seis frente a los 10 que marcaba el proyecto de ley.
Además, para los pequeños tenedores que tengan ya un alquiler en vigor, el precio quedará limitado a una subida de entre el 2% y el 4%, algo que también depende de la decisión final de Asuntos Económicos.
Otro de los principales cambios que estas fuentes han confirmado a Servimedia es el tiempo que tendrá que transcurrir desde la aprobación de la ley para que entre en vigor la limitación de los precios de los alquileres. Según el texto original, el tope no iba a entrar en vigor hasta pasados 18 meses, lo que hacía imposible que el Gobierno implementase la medida en esta legislatura. Ahora, solo tendrán que transcurrir seis o siete meses, por lo que, de aprobarse en el primer trimestre del año, podría estar funcionando de cara a la precampaña de las elecciones generales.
En cuanto a las competencias de la ley, estas fuentes apuntan que tanto ERC como Bildu han accedido a regular la norma a nivel estatal aunque la materia de vivienda corresponda a las comunidades autónomas. A cambio, el Gobierno ha accedido a que en caso de confrontación de competencias siempre prime la regla autonómica, salvo en el ámbito de los arrendamientos.
Precisamente, ERC y Bildu son, según estas fuentes, las formaciones que más están apostando por sacar adelante la ley. Las negociaciones van «bien», pero las reuniones son «muy complicadas» porque «ya se están afinando temas», explican, señalando que, aunque los partidos estén «próximos» a acuerdos, nada impide que la negociación se pueda romper. «Estamos en año electoral y puede pasar de todo», aseguran.