Plan de choque en la Cañada: realojo de 160 familias, derribos y ayuda contra el frío
El Comité Ejecutivo del Pacto por la Cañada Real Galiana ha fijado este martes una hoja de ruta, con más de una veintena de actuaciones, que se seguirá durante los próximos dos años en la antigua vía pecuaria que transcurre por la capital, Coslada y Rivas Vaciamadrid, y que incluirá el realojo de 160 familias del Sector 6, el derribo de edificaciones, medidas para enfrentar el frío, entre otras.
Así lo ha anunciado la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, tras la reunión que ha mantenido el Comité Ejecutivo del Pacto Regional, que ha aprobado por unanimidad este documento estratégico, que incorpora un nuevo convenio donde la Comunidad de Madrid firmará en pocos días con el Ayuntamiento de la capital para llevar a cabo el realojo de 160 familias del Sector 6, una medida en la que se invertirán 34 millones de euros financiados al 50% por las dos administraciones. En la misma línea, Martín ha señalado que se está trabajando con el Consistorio de Rivas y la Delegación del Gobierno para iniciar los realojos en el Sector 4 y 5.
«Nuestro objetivo es la búsqueda de soluciones y velar por el bienestar y la seguridad de las familias que residen en esta zona. Para ello es imprescindible un abordaje integral y coordinado por parte de todas las administraciones implicadas dentro de nuestras competencias. Esta hoja de ruta es un buen punto de partida para seguir avanzando en esta línea«, ha señalado la consejera.
Uno de los puntos más importantes que se han concretado en este Comité, que está coordinado por el Ejecutivo autonómico a través de la figura del Comisionado del Gobierno regional para la Cañada Real, en la que además de Martín han estado presentes la delegada del Gobierno Mercedes González; el alcalde de Rivas, Pedro del Cura, y el tercer teniente de alcalde y concejal Territorial de Coslada, José Ventura Sousa, se ha concretado la forma de actuar para que el Sector 6 vaya desapareciendo progresivamente, motivo por el que se está procediendo al realojo de las personas que viven allí. En este sentido, la consejera ha señalado que «hasta el momento y durante los dos próximos años se habrá reubicado a más de 300 familias, lo que supone el 30% del total«.
Además, ha asegurado que el Comisionado ha realizado más de una decena de actuaciones para la mejora de la Cañada Real durante este año y se ha reunido casi con la totalidad de las asociaciones de vecinos y entidades sociales y culturales, dentro y fuera de este emplazamiento. Según el Gobierno regional, este organismo ha realizado labores de asfaltado, poda y limpieza de residuos, cierre y vallado de diversas zonas colindantes a la M-50, así como diversas actuaciones para la mejora del firme y la instalación de señalizaciones para la limitación de la velocidad por un valor de casi 400.000 euros.
Este documento también recoge otras actuaciones que coordinará el Comisionado, por un importe de más de un millón de euros, que consistirán en la demolición de edificaciones, instalación de cámaras de control de tráfico, así como actuaciones generales en espacios desocupados.
Además, la consejera ha sostenido que se realizarán obras de acondicionamiento y vallado que se van en varias parcelas; labores para la conservación de la calzada del Sector 6; la limpieza y eliminación de la masa vegetal que obstaculiza la vía; acciones de desbroce y limpieza de viales, y la recuperación de parcelas del Sector 6 desde Las Lomas (Madrid) hasta el inicio de Getafe.
En materia social, los integrantes del Pacto Regional por la Cañada Real se han comprometido a continuar prestando la asistencia servicios sociales básicos, tanto los que corresponden a los ayuntamientos como aquellos especializados (tutela, mediación, inserción sociolaboral) que corresponden a la Comunidad de Madrid. Asimismo, el documento destaca que los recursos materiales de emergencia para abordar la llegada del invierno, tanto con los que cuentan los ayuntamientos como el Gobierno regional, ya están activados como en ocasiones anteriores por si alguna familia los necesitara.
Preguntada por los periodistas sobre el problema de falta de luz en muchas zonas de la Cañada, la consejera ha manifestado que le preocupa la seguridad de las familias «porque no se puede aceptar que se ponga en riesgo la vida de las personas«.
«Las instalaciones eléctricas incumplen la normativa y hay un claro riesgo de incendios. De forma automática con sobreconsumo se corta, se activen los mecanismos de protección de la línea eléctrica que tiene por objeto proteger las instalaciones y personas, como viene recogido en la normativa», ha explicado.
Además, Martín ha comunicado que se ha encargado un un segundo peritaje para valorar hasta donde podría llegar la empresa suministradora. «Queremos trabajar de forma coordinada, a través del plan de choque policial y con los ayuntamientos para ofrecer alternativas a las familias con la puesta a disposición de ayuda. Sé de su voluntad de los ayuntamientos de analizar caso a caso las necesidades de las familias y dar respuesta a las mismas e impulsar los realojos«, ha añadido.
La delegada del Gobierno ha señalado que Administración General del Estado no tiene competencias en materia de realojos ni de suministro eléctrico, aunque en las últimas semanas ha precisado que se ha reunido con representantes de UFD (grupo Naturgy) y ha recibido en la Delegación a vecinas y vecinos de los sectores 5 y 6.
Por su parte, la delegada del Gobierno ha informado que el Consejo de Ministros aprobará el próximo 30 de noviembre, vía Real Decreto, la provisión de 5 millones de euros para los realojos en la Cañada.
«Desde el Ministerio de Transportes y el Comisionado Infantil mantendremos reuniones con la consejera para sacar determinadas partidas para la Cañada. Cuanto más dedicación presupuestaria desmantelaremos un asentamiento que es una vergüenza para todos los que estamos aquí«, ha indicado.
González ha recordado que la Cañada Real es el «gran drama de la Comunidad y una cuestión de dignidad que afecta especialmente a mis convicciones personales». Y ha añadido que se trata de un emergencia social. «Remarcando lo de social porque si únicamente fuera un problema policial, como pretenden algunos, la solución sería ‘fácil’ de adoptar», ha apuntado.
En este contexto, el alcalde de Rivas ha señalado que la reunión de este martes «viene trabajada» para dar respuesta a la «la mayor bolsa de exclusión social y marginación de España«. También, ha apuntado, ha conseguido generar el mayor consenso de las últimas décadas entre las administraciones para resolverlo.
Así, el concejal de Coslada ha coincidido en que se ha marcado una hoja de ruta para el primer trimestre del 2023 para la modificación del pacto. «En el Ayuntamiento de Coslada tenemos mucho avanzado. El Sector I es un barrio consolidado en el municipio, en el que todas las dotaciones lo tenemos en los barrios aledaños. Por nuestra, parte mano tendida y seguir llevándolo a buen puerto y que al final esta hoja de ruta se cumpla», ha manifestado.