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Madrid apoya subir el impuesto al tabaco para invertirlo en planes de deshabituación

Concretar las medidas y las líneas de actuación para prevenir el consumo de tabaco. La Comunidad de Madrid ha pedido al Ministerio de Sanidad rigor en el Plan Integral de Prevención y control del Tabaquismo que se vota este viernes en el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Desde el Gobierno regional han dedicado no adherirse al plan porque consideran que el programa propuesto no define los puntos que se deberán implementar en los próximos años, ni contempla un cronograma o memoria económica. A pesar de ello, consideran necesario adoptar medidas consensuadas para reducir el consumo, como aumentar el precio del tabaco para invertirlo en planes que ayuden a dejar esta adicción.

«Estamos de acuerdo con prevenir y proteger a la sociedad, pero ese plan aún está por definir. La ministra [Mónica García] en una entrevista no sabía concretar las medidas y decía que las iría implantando», ha expresado la consejera de Sanidad, Fátima Matute, antes de entrar en la sesión plenaria de este viernes. Matute considera que el problema con este plan «es la forma y no el fondo», ya que, faltaría especificar las acciones que se irán adoptando en los próximos años y los recursos de los que dispondrán las comunidades autónomas para llevar todo a la práctica.

La consejera ha resaltado que Madrid fue la primera región que puso en marcha el proyecto Casandra, para la detección precoz del cáncer de pulmón y el apoyo a dejar esta adicción: «Nadie puede poner en duda que nosotros estamos para proteger a la sociedad». Matute ha considerado necesario adoptar medidas en esta línea para reducir el consumo. En esta línea, ha considerado positivo «subir el precio del tabaco» y revertir lo recaudado en «esa deshabituación tabáquica».

Desde el Ministerio de Sanidad han planteado esta medida como una hoja de ruta a la que se pueden unir las comunidades autónomas. En el texto se incluyen iniciativas como ampliar los espacios sin humo, elevar el coste de la cajetilla de tabaco, hacer que todas tengan el mismo aspecto o luchar contra el «lavado de cara» de los vapeadores. Sin embargo, solo cinco regiones —Cataluña, Canarias, País Vasco, Navarra y Asturias— se han adherido. Los puntos que se incluyen solo serán recomendaciones, aunque en el futuro se espera aprobar una ley que contenga estas pautas de aplicación en todo el territorio nacional.

El resto de comunidades, entre ella Madrid, han decido no suscribirse al acuerdo al alegar que la documentación se ha facilitado con menos de 24 horas de antelación y que la Comisión de Salud Pública no es competente para ello. «No da tiempo a que se evalúe y se pide a la Comisión Técnica de Salud Pública que sea la que se adhiera a este Plan en una fórmula legal que no existe», ha denunciado Matute, quien ha reclamado «rigor» y «concreción».

Para Matute, otra de las carencias del plan es la ausencia de una memoria económica para que cada región sepa con qué recursos va a contar para implementar proyectos como las unidades antitabaco o financiar el tratamiento farmacológico «Quiero proteger al ciudadano y para eso necesito saber qué organización voy a tener que hacer, de qué recursos voy a disponer y cómo me lo van a dotar», ha señalado. Asimismo, el Gobierno regional considera necesario un estudio sobre el impacto económico que tendrán en sectores como la hostelería.

«Nosotros estamos a favor de luchar contra el tabaco y contra cualquier adicción», ha manifestado la consejera, quien se ha preguntado si Mónica García dedicará los mismos esfuerzos a prevenir el consumo de la marihuana. «Esperamos que tenga la misma sensibilidad y que nos apoye junto con las sociedades científicas que nos respaldan, ven un gran peligro en nuestra sociedad», ha añadido.

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