Las dos caras de los fondos europeos: España ha comprometido el 94% del dinero, pero solo ha llegado a la economía real un 46%
La realidad de los fondos europeos de recuperación en España casi tres años después de su aprobación muestra dos caras. La primera —la más amable— señala que el Gobierno ha sido capaz de comprometer ya el 94% de las ayudas directas que se le asignaron al país en 2021. Se trata de 66.296 millones que el Ejecutivo y el resto de administraciones pública ya han empezado a mover en dirección hacia su destinatario final. La cara más amarga es la de la ejecución real, es decir, los fondos que ya han sido asignados a proyectos y beneficiarios concretos que han podido arrancar. En este apartado el balance es menos optimista: solo el 46% de la dotación original pactada con Bruselas está realmente ejecutada. Un proceso que se está dilatando especialmente en la administración autonómica, donde la información que llega es escasa.
Estas son dos de las principales conclusiones del último informe de ejecución del plan de recuperación español que ha presentado este lunes la consultora Llorente & Cuenca (LLYC), que cuenta con un departamento especializado en esta materia.
Los investigadores de la consultora apuntan a que, con ese ritmo de adjudicación, España deberá hacer un «enorme esfuerzo» para ejecutar todos los fondos a tiempo en los dos años y medio que restan de plazo. No en vano, todos los proyectos diseñados que no se hayan puesto en marcha en agosto de 2026 perderán esta valiosa financiación.
Para que esto sea posible, las administraciones públicas tienen que adjudicar todavía 37.769 millones de euros a proyectos concretos, más de la mitad de los 70.346 millones en ayudas directas que la Comisión Europea concedió a España en el plan original. Y, según apuntan desde la consultora, el gran cuello de botella está en la administración autonómica.
Mientras que el Estado ha adjudicado ya el 79% de las convocatorias que ha resuelto (23.977 millones de euros), las cifras de las comunidades autónomas son todavía una incógnita. El estudio de LLYC estima que los gobiernos autonómicos han adjudicado unos 8.600 millones de euros, de ellos 5.600 millones en convocatorias y licitaciones resueltas —tal y como informó Calviño en diciembre— y otros 3.000 millones en transferencias del Estado para las comunidades. Menos de 9.000 millones que están muy lejos del total de fondos que gestionan las comunidades (24.188 millones)
«La Administración General del Estado va bastante bien. Donde podemos empezar a inferir que hay problemas de adjudicación es en las comunidades autónomas«, ha señalado Paloma Baena, senior director de European Affairs and Next Generetion EU de LLYC. Entre las razones que explicarían ese retraso en el sector autonómico, fuentes de la consultora apuntan a la compleja burocracia del plan —con la que las administraciones territoriales están menos familiarizadas— la falta de medios para ejecutar y la ausencia de interés en algunos proyectos. Esto último responde a las quejas que han planteado varias comunidades de que el Ejecutivo central no las ha tenido en cuenta a la hora de diseñar el plan.
Para obtener los datos de ejecución real, la consultora ha peinado las publicaciones de todas las convocatorias y licitaciones publicados en las bases de datos oficiales. En el caso de las comunidades autónomas, donde la información es muy escasa, se han complementado los datos con estimaciones en base a las cifras de adjudicación que comunicó la ex vicepresidenta primera, Nadia Calviño, en una comparecencia justo antes de abandonar el cargo.
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