La patronal avisa de que la presión fiscal superó en 2022 el 42% del PIB, por encima de la media de la UE, y estima un alza para 2023
El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha afirmado este martes que la presión fiscal superó en España el 42% del PIB en 2022, sobrepasando la media de la Unión Europea (UE), y ha advertido de que se mantendrá al alza en 2023, debido a las reformas fiscales del Gobierno de Pedro Sánchez. «Estamos preocupados por la situación de deterioro que ha sufrido la competitividad fiscal en España», ha lamentado el director general del centro de estudios de la CEOE, Gregorio Izquierdo, en la presentación del informe Competitividad Fiscal 2022, junto al presidente de la entidad, Íñigo Fernández de Mesa.
Según las estimaciones del IEE, el año pasado la presión fiscal se situó en España en el 42,1% del PIB, medio punto por encima de la media de la UE del 41,7% en 2021, último año del que existen datos disponibles. En 2023, calculan que se elevará hasta el 42,3%. «Este crecimiento de la presión se realiza, fundamentalmente, mediante la introducción de nuevos tributos o la reforma de los existentes que afectan a la tributación empresarial y al ahorro y la inversión», puntualiza el informe, que recoge el Índice de Competitividad Fiscal (ICF) elaborado por la estadounidense Tax Foundation.
Esta clasificación posiciona a España entre los cinco países con peor competitividad fiscal de la CEOE, ubicándola en el puesto número 34 del total de 38 países analizados, lo que supone un retroceso de nueve posiciones respecto a la de 2019. «Lo que constata este indicador es que las reformas tributarias de los últimos Presupuestos no siguen arrastrando en el furgón de cola de Europa», ha valorado Fernández de Mesa. Para los empresarios, la «paradoja» de España está en que la presión fiscal siga en aumento con un nivel de desempleo mayor que la media europea, rentas menores y mayores niveles de economía sumergida.
«El esfuerzo fiscal, esto es, la presión fiscal normalizada en función de la renta, por su parte, ya es un 53% mayor que el promedio de la Unión Europea», ha añadido el presidente del centro de estudios, que además ha recordado que la recaudación fiscal aumentó un 23,4% respecto a 2019, en casi 50 millones de euros.
Además, el IEE elabora un indicador de «presión fiscal normativa» que mide la carga de gravamen que el diseño del sistema fiscal introduce en las economías al margen de la recaudación obtenida. Esta medición se sitúa en 2022 en 116,4 puntos, un 16,4% por encima de la media europea y 3,6 puntos por encima del resultado de 2021. El dato español es un 16,8% peor que la media de los países de la OCDE (99,6 puntos).
Impuesto de Sociedades y Patrimonio
En concreto, según el informe del centro de estudios de la patronal, las dos figuras impositivas que sufren mayor presión fiscal normativa en España son la imposición empresarial y la patrimonial. Por un lado, el Impuesto de Sociedades español es uno de los cinco más gravosos de la OCDE, con una presión fiscal normativa un 23,7% y un 22,1% más alta que la media de la UE y la OCDE, respectivamente. La propio centro de estudios ya avisó en octubre de que una mayor presión fiscal empresarial puede traducirse en destrucción de puestos de trabajo por la pérdida de competitividad.
Por otro lado, la imposición patrimonial es, de acuerdo a los datos del IEE, la segunda más alta de la OCDE, solo por delante de Italia. Esta tributación es un 40,8% superior a la media de la UE, una proporción que espera que aumente debido a la introducción del en 2023 del llamado Impuesto de Solidaridad sobre las grandes fortunas.
Ante esta falta de competitividad fiscal, el IEE reclama al Gobierno que tenga en cuenta la situación de los países de nuestro entorno para evitar fuga de inversores y contribuyentes. «La competitividad de los países no se fundamenta solo en el buen hacer de sus empresas y la calidad de sus productos o en la capacitación de sus trabajadores, sino que también es de gran relevancia el entorno económico y regulatorio, así como el marco fiscal de los diferentes territorios», precisa el informe, que añade que el incremento de la recaudación fiscal debería basarse en el aumento de las bases imponibles, gracias al crecimiento económico, más que en incrementar la presión sobre los contribuyentes.