La oficina del denunciante de corrupción en Madrid estará lista el próximo otoño
La Comunidad de Madrid ultima la puesta en marcha de la oficina del denunciante de corrupción. Se trata de un mecanismo que se pondrá a disposición de los funcionarios autonómicos, así como de otros trabajadores ajenos a la Administración que por razón de su puesto interactúen con ella, para que puedan comunicar, con plena seguridad jurídica, posibles infracciones de las que hayan tenido noticia dentro del ámbito de actuación de los organismos autonómicos.
Este es un proyecto que lleva tiempo queriendo implantarse en la región. De hecho, el Gobierno de coalición autonómico PP-Cs ya trató de ponerlo en marcha la pasada legislatura, aunque el final abrupto de la misma hizo imposible que se culminara su desarrollo. Ahora, es la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior la que lidera la creación de este órgano, tras someter al trámite de audiencia e información pública el proyecto de Decreto por el que se establece y regula el canal interno para el tratamiento de las informaciones sobre posibles infracciones, como se ha denominado técnicamente.
Fuentes del departamento que dirige Enrique López han indicado a 20minutos que esperan que esta oficina del denunciante entre en vigor hacia septiembre u octubre de este año. La puesta en marcha de este organismo viene marcada por Europa: en una directiva de 2019, tanto el Parlamento Europeo como el Consejo instaron a los Estados miembros a abrir «canales seguros de denuncia» frente a infracciones del Derecho de la Unión Europea.
Hay administraciones que ya tienen estos mecanismos en marcha. La Oficina contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, ha informado recientemente de que a lo largo del año pasado recibieron en sus dependencias 118 denuncias de ciudadanos o trabajadores solicitando investigaciones ante posibles infracciones. A raíz de estas denuncias se incoaron 104 expedientes, la mayoría sobre urbanismo, contratación, multas o conflictos de intereses.
Otras, como la Comunidad o el propio Gobierno central, trabajan en poner en marcha sus oficias. El Ministerio de Justicia terminó de redactar en marzo el anteproyecto que regulará el organismo y prevé prohibir, imponiendo sanciones de hasta un millón de euros, las represalias contra las personas que denuncien un hecho ilícito. Además, está en la agenda regular el marco para que estas denuncias se hagan desde el anonimato.
Desterrar el miedo a la hora de denunciar
«Las personas que trabajan para una organización pública o están relacionadas con ellas por sus actividades laborales, son muchas veces las primeras en detectar amenazas o posibles perjuicios que puedan atentar contra el ordenamiento jurídico», apunta la memoria que acompaña al proyecto de decreto y que está disponible en el portal de transparencia. Desde la Comunidad no se obvia que los potenciales informantes podrían renunciar a comunicar sus preocupaciones o sospechas «por miedo a represalias» y es ahí donde reside la importancia de este mecanismo.
«Mejorar la protección de los mencionados informantes, con mecanismos eficaces que generen confianza, favorecerá la alerta temprana y la disuasión de posibles infracciones en los diferentes ámbitos y, a la vez, ofrecerá seguridad jurídica proporcionando una defensa adecuada ante las situaciones de vulnerabilidad en las que pudiera encontrarse la persona de facto o a efectos laborales», señala la memoria elaborada por el Ejecutivo.
El trámite de audiencia e información pública del proyecto de decreto se publicó el pasado 16 de junio y el plazo para formular alegaciones, abierto a ciudadanos, asociaciones y organizaciones con interés en la normativa, se extiende hasta el próximo 6 de julio.