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La Justicia anula el ‘Madrid Central’ de Carmena y podrían anularse todas las multas que se impusieron

La medida estrella de la exalcaldesa Manuela Carmena pende de un hilo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado este lunes Madrid Central tras estimar «parcialmente» los recursos que presentaron la Comunidad de Madrid, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid y la mercantil DVuelta Asistencia Legal, en el año 2018. Lo ha hecho sin entrar al fondo del asunto y sin valorar la delimitación de esta zona de bajas emisiones y su regulación, tal y como expresa el comunicado. A partir de hoy, los afectados tienen 20 días para presentar sus recursos y, de no hacerlo, Madrid Central quedará sin efecto inmediato.

En respuesta a la petición de la Comunidad de Madrid, los magistrados han anulado por «defectos formales» la ordenanza de movilidad sostenible aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria el 5 de octubre 2018. Acorde al fallo, «por la omisión del trámite de información pública», un requisito que se considera esencial, preceptivo e indispensable al tratarse de una de las principales manifestaciones del derecho que los españoles tienen a participar en los asuntos públicos, y que está reconocido en el artículo 23 de la Carta Magna. Así, quedan anulados los artículos de 21 a 25 de la citada ordenanza.

En relación al recurso del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid, la Sala también estima parcialmente su reclamación y anula el artículo 23 del mismo acuerdo del Pleno, al entender que falta la imprescindible memoria económica previa a la aprobación de la ordenanza.

La Sala también ha fallado a favor del recurso presentado por el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid y DVuelta que alegaban que la ordenanza carece de una justificada memoria económica, «imprescindible para valorar con pleno conocimiento y con antelación, la repercusión que los costes de su aprobación pueden representar en relación con los principios de estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas, sostenibilidad financiera y regla de gasto». De este modo. la sentencia estima que «si el suministro de las expresada información se efectúa con posterioridad a la toma de la decisión, como ha ocurrido en el supuesto presente, es obvio que no llegará a cumplir la finalidad legalmente prevista».

¿Qué pasará ahora? En el caso de que estas tres sentencias alcancen firmeza porque no se presenten recursos, todas «las multas impuestas decaerán al carecer de sustento normativo», lo que implica que el Ayuntamiento de Madrid debería devolver el dinero de las multas a todos aquellos que lo solicitasen.

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