El control de los alquileres en Cataluña, más cerca gracias a una proposición de ley

El control de los precios de los alquileres en la ciudad de Barcelona puede estar más cerca de lo que se espera. La Conselleria de Justicia y los grupos parlamentarios de JxCAT, ERC, los comunes y la CUP han registrado el texto de una proposición de ley que prevé que se tengan que congelar o bajar los precios de los nuevos contratos de alquiler en los municipios catalanes con más de 20.000 habitantes.

Se trata de un redactado elaborado por todos estos actores y el Sindicato de Inquilinos, organización que presentaba este miércoles por la mañana, en las puertas del Parlament, los puntos principales de la proposición de ley. Según ha detallado el Sindicato, «todos los nuevos contratos de alquiler» en los 60 municipios de más de 20.000 habitantes «con un mercado de alquiler tensionado», independientemente de que haya un cambio de arrendatario, se regirán por esta regulación.

«Como norma general, los nuevos contratos para viviendas que ya estaban alquiladas no podrán superar el precio acordado en el contrato anterior«, del mismo modo que «si la vivienda tenía un precio por encima de la media de su zona, el nuevo contrato deberá tener como valor máximo el que establece el índice de precios de la Generalitat«.

«Esto significa que se detiene la escalada de precios y que se producirán bajadas moderadas en la mitad de viviendas alquiladas, que actualmente se encuentran por encima del precio medio», celebra el Sindicato de Inquilinos en su comunicado.

La norma, que al contar con el apoyo de JxCAT, ERC, comunes y CUP tiene asegurada una mayoría parlamentaria que la avale, «prevé algunas excepciones para casos de gran rehabilitación, obras de mejora, relación de parentesco entre propietario e inquilino y otros regímenes de rentas». Al tiempo que «quedarán exentos de la regulación las viviendas de obra nueva, que no se verán afectados por la regulación durante los primeros tres años«. Habrá asimismo un régimen sancionador en caso de que los propietarios de los inmuebles no respeten la normativa.

De aplicación inmediata

El redactado también prevé que la norma se aplique «de forma inmediata», si bien «al cabo de un año, los órganos competentes para cada municipio deberán aprobar la continuidad de la regulación«, de forma que podrían llegar a no aplicarla. Pero, en declaraciones a EFE, el portavoz del Sindicato, Jaime Palomera, ha dicho que la norma ya establece que se deberá aprobar un proyecto de ley que fije una regulación autonómica y que en un año se evalúe si la medida está funcionando o no, en cuyo caso deberá revisarse la norma.

Palomera tampoco cree que pueda haber problemas competenciales y, por tanto, que el Tribunal Constitucional cuestione su constitucionalidad, pues a su juicio no hay dudas de que esta regulación se puede amparar en el Código Civil catalán. Para Palomera, la de hoy es «una victoria de la sociedad civil», que ha puesto sobre la mesa una problemática que no tiene que ver ni con la derecha ni con la izquierda, sino que «ahoga» a los inquilinos, pero también al conjunto de la sociedad.

En este sentido, ha recordado que los alquileres «han subido 30 veces más que los sueldos en el último lustro en Cataluña». Fuentes parlamentarias han explicado a EFE que se celebrarán una mesa y una junta de portavoces extraordinarias de forma que la norma, que se tramitará por vía de urgencia, entre en el pleno de la semana próxima.