Dos millones de libros de texto, víctimas colaterales de la Ley Celaá en Madrid: irán «a la basura» cuando se aplique
La Comunidad de Madrid puso en marcha hace un par de años el Programa Accede. El mecanismo es sencillo: se creó un banco de libros de texto del que cada año pueden beneficiarse miles de familias madrileñas. Los alumnos disfrutan durante el año escolar de los ejemplares y en junio los devuelven con el objetivo de que pudieran disfrutarlos otros estudiantes desde el curso siguiente.
En un primer momento estaba pensado para familias en situación de vulnerabilidad y se apuntaron 280.000. El curso siguiente se abrió a todas las familias madrileñas y el número de interesados creció hasta las 400.000. El Gobierno autonómico puso a disposición de todas ellas un fondo con dos millones de libros de texto tras invertir en la compra de los mismos unos 60 millones de euros, a razón de 30 cada año, de acuerdo con las cifras dadas por la Consejería de Educación, Universidades y Ciencia.
El planteamiento inicial era que esos libros tuvieran una vida útil de cuatro cursos, pero la Comunidad de Madrid ha denunciado esta semana que la promulgación de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE, conocida por sus siglas Lomloe o el nombre de Ley Celaá por la ministra de Educación que la aprobó, ha alterado estos planes.
El responsable de Educación, Enrique Ossorio, ha asegurado que Madrid tendrá que «tirar a la basura» dos millones de libros un año antes de lo previsto por el cambio de currículos. Los nuevos, acordes a la Lomloe, comenzarán a implantarse por cursos alternos desde el curso 2022-2023, por lo que en ese momento ya serán inservibles la mitad de los libros del Programa Accede. Los restantes correrán la misma suerte al año siguiente.
«El problema que tenemos con estos currículos (de la Ley Celaá) es que en el curso 2022-2023 se tirará la mirad del fondo a la basura y la otra en el 2023-2024», se quejó el consejero madrileño de Educación esta semana. «Me parecería bien si fuera para establecer un currículo muy bueno», cargó Ossorio, «pero tenemos que tirar todos los libros porque han decidido que aprendan menos los alumnos porque no quieren una sociedad crítica».
Tener que retirar los libros antes del periodo de vida útil previsto no es el único inconveniente de los cambios de currículos: se tendrá que hacer una nueva inversión millonaria para comprar libros nuevos, que la Comunidad estima en 50 millones. Porque lo que en ningún caso se plantean desde Educación es desmantelar el Programa Accede: está regulado por una ley que salió de la Asamblea y además ha constatado su éxito a través del interés que han mostrado cada año las familias. El curso que está punto de empezar, además, se espera una demanda superior a las 400.000 familias del año pasado debido a la crisis económica provocada por la pandemia.