Bruselas plantea obligar a un ajuste del 0,5% del PIB a todos los países que incumplan los límites de déficit
La Comisión Europea ha presentado este miércoles su primera propuesta formal para reformar las reglas fiscales europeas. Tras casi medio año de debate, el Ejecutivo europeo ha desvelado el texto que, entre otras medidas, quiere obligar a todos los países con déficits superiores al 3% del PIB a introducir un recorte de gasto de al menos el 0,5% del producto interior bruto cada año. Una condición que, hasta ahora, solo se aplicaba a los Estados inmersos en un Procedimiento de Déficit Excesivo.
Los cálculos del Gobierno español prevén que el desequilibrio en las cuentas del país supere el 3% al menos hasta 2025. Por tanto, de salir adelante la reforma, España se vería obligada a adoptar medidas de ajuste en el gasto a partir de 2024, cuando las reglas fiscales volverán a estar activas tras cuatro años en suspenso.
La propuesta de la Comisión mantendrá inalterados los umbrales máximos de deuda y déficit (60 y 3% del PIB, respectivamente) que recogen las reglas fiscales ahora vigentes, pero suprimen la exigencia de reducir la ratio de deuda a razón de un veinteavo anual a los países que superen esas referencias.
Una de las grandes novedades de la propuesta es el cambio de enfoque en los planes de ajuste hacia una perspectiva más personalizada por país. Bruselas plantea ahora que los Estados pacten planes de ajuste personalizados con la Comisión que se extenderían por un periodo de cuatro años, lo que implica acabar con la política de un mismo enfoque para todos los países que recogen las reglas actuales. Estos planes fiscales se centrarán en objetivos de gasto y dejarían atrás las métricas actuales, más variadas y complejas.
Los planes de ajustes deben incluir objetivos fiscales y las medidas que se adoptarán para corregir los desequilibrios. Todo ello se plasmará en una «trayectoria técnica» que deberá asegurar que la deuda se reduce en el plazo acordado y que el déficit cae por debajo del 3%. Para aquellos países que se comprometan a acometer reformas e inversiones específicas para afrontar los desequilibrios, existe la posibilidad de ampliar el plazo de ajuste hasta un máximo de siete años.
Además, para asegurar que los gobiernos no se desvían de sus sendas de ajuste, la Comisión podrá abrir Procedimientos de Déficit Excesivo que, en última instancia, pueden acarrear sanciones. Las sanciones ascenderán a un máximo del 0,05% del PIB del Estado incumplidor y se podrán aplicar cada seis meses hasta alcanzar un máximo del 0,5%. En el caso de España, una multa de estas dimensiones ascendería a 660 millones de euros hasta un máximo de 6.600 millones.
Rechazo de Alemania
El texto de la Comisión pasará ahora por el Consejo de la UE y deberá ser ratificado en última instancia por el Parlamento Europeo. Un proceso que, en principio, debería quedar cerrado antes de que acabe el año, pero que se antoja complicado. Entre otras razones, por la oposición que ha mostrado el gobierno alemán a puntos clave de la reforma.
La oposición germana quedó clara tras la publicación el pasado martes de una opinión al respecto en el Financial Times firmada por el ministro de finanzas alemán. En ella, Christian Lindner planteaba la posibilidad de dejar las reglas fiscales tal y como están si la reforma «no establece mejoras significativas».