Ayuso salva ‘in extremis’ su plan de vivienda asequible en alquiler y consigue varias ofertas
‘Habemus’ ofertas. El Plan Vive, nombre con el que se ha bautizado el plan de la Comunidad de Madrid para promover vivienda en alquiler asequible, ha conseguido atraer a varias empresas interesadas en levantar los primeros 6.646 pisos que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha proyectado sobre una cartera de 46 suelos públicos repartidos por toda la región.
Según ha podido confirmar El Confidencial con fuentes conocedoras, al menos dos compañías habrían presentado ofertas. Se trata de Culmia, la promotora controlada por el fondo Oaktree, y Vía Ágora, empresa de Juan Antonio Gómez-Pintado, quien además es presidente de la patronal madrileña del sector, Asprima. Las mismas fuentes aseguran que también podrían haber acudido las alianzas selladas entre Aedas y Ares y entre DWS y Urban Input, empresas que durante todo el proceso se han mostrado muy interesadas en este concurso.
Ayuso se juega hoy su gran apuesta por el alquiler asequible en plena campaña del 4-M
Ruth Ugalde
Sin embargo, hasta que la Comunidad de Madrid confirme oficialmente el número de interesados y sus nombres, la capacidad de sorpresa de este proceso está asegurada, como ha demostrado ya uno de los principales candidatos que, sin embargo, al final ha decidido no concurrir a la puja. Se trata de Neinor, que acudía a este concurso aliado con Cevasa.
«Tras hacer un profundo análisis de los diferentes riesgos y analizar todas las variables posibles (financiación, rentabilidad, riesgo inversor, ubicaciones…), Neinor Homes ha tomado la decisión de no presentarse por el momento al Plan Vive de la Comunidad de Madrid, a pesar del esfuerzo de toda la compañía por encajar el plan en nuestra actual estrategia de negocio. No obstante, confiamos en que dicho plan resulte un éxito por los enormes beneficios que puede acarrear para la oferta residencial de la Comunidad de Madrid y por la firme convicción que tenemos de lo positivo que este tipo de iniciativas impulsadas desde las administraciones públicas tiene para la sociedad», ha señalado la empresa a este medio.
A la espera de conocer oficialmente el número de ofertas finales y su contenido, en el sector se cuenta con que quede desierto alguno de los cuatro lotes en que se ha dividido el plan. En concreto, existen serias dudas sobre el lote cuatro, que aglutina 11 parcelas repartidas por los municipios de Navalcarnero, Humanes de Madrid, Velilla de San Antonio, Pinto y Colmenar Viejo, donde se prevé levantar 1.447 viviendas.
El mayor porcentaje de VVPB —vivienda protegida de precio básico— respecto a la VPPL —vivienda protegida de precio limitado— hace que su rentabilidad sea menos atractiva, incapaz de llegar al 6% que debe ofrecer al menos un proyecto de este tipo para atraer el apetito inversor, según explican las fuentes consultadas.
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E. Sanz
El Plan Vive es la gran apuesta de la Comunidad de Madrid para construir hasta 25.000 viviendas de alquiler accesible en los próximos seis años, un proyecto que arrancó oficialmente el pasado mes de enero, con la licitación de estas primeras 46 parcelas, repartidas en 14 municipios, y por un periodo de concesión de 50 años. El coste de construir las viviendas se sitúa en torno a los 200 millones de euros, lo que arroja una media de algo menos de 120.000 euros por piso.
El adelanto electoral ha hecho coincidir este concurso con la campaña del próximo 4-M, gasolina que ha avivado todavía más la llama de este proceso, del que se ha temido que quedara desierto. De hecho, la Comunidad de Madrid ha tenido que retrasar la fecha de presentación de ofertas, inicialmente prevista para el pasado mes de marzo, para evitar este desenlace.
A partir de ahora, la mesa de contratación cuenta con un plazo de dos meses para elegir al ganador, lo que sitúa en el próximo mes de junio la elección del mismo. En el supuesto de que todo siguiera su ritmo, y de que el clásico freno que viven las administraciones en todo proceso electoral fuera esta vez una excepción, este calendario permitiría llegar a verano con los ganadores elegidos y listos para empezar a trabajar.
En cambio, cualquier posible retraso en la formación del nuevo Ejecutivo que surja del 4-M obligaría a posponer este horizonte, ya que la decisión de la mesa de contratación debe ser refrendada por el nuevo Gobierno. El o los ganadores contarán con un plazo de 36 meses para entregar los pisos, lo que significa que esto permitirá llevar a cabo la entrega de llaves dentro de la legislatura que se abra tras los comicios de mayo.