'Anatomía' fiscal del precio de una vivienda protegida: el 25% del coste son impuestos y el IVA es el que más pesa
Una parte de lo que se paga por una vivienda son impuestos. Sobre esa porción del coste de los inmuebles ha puesto el foco el Instituto de Estudios Económicos (IEE), que este martes publicó un estudio monográfico sobre la fiscalidad de la vivienda. A partir de cálculos de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA) y tomando como referencia una vivienda protegida de 140.000 euros, el informe del centro de estudios de la CEOE apunta a que el 25% del coste total de un inmueble de estas características son impuestos.
En este caso, que el IEE entiende representativo, la carga fiscal media supone una cuarta parte del precio de la vivienda, dado que en el cómputo global se suman distintos tributos. Según el análisis, el que más peso tiene es el IVA. Calculan que representa el 36% de la carga fiscal total y supone un 9% del precio final del inmueble. Solo en los inmuebles de obra nueva se aplica este impuesto, cuyo tipo para estos casos es del 10%.
Siguiendo con el mismo ejemplo, el estudio apunta a que en la promoción de una vivienda protegida de estas características el Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) tienen también un peso «significativo», alcanzando en conjunto el 34% de la fiscalidad total y representando el 8,4% del precio final. Cabe matizar que se trata de una estimación, ya que la cuantía del gravamen de este último tributo varía en función de las comunidades autónomas. El estudio del IEE indica que el tipo más alto es del 1,5% y puede devengarse hasta en siete ocasiones distintas durante el proceso de promoción y financiación, cada vez que se registre un documento ante notario.
A partir de este ejemplo, el IEE sostiene que los impuestos representan una parte «significativa» del precio final de la vivienda. «Esta presión fiscal no solo encarece el acceso a la vivienda protegida, sino que también influye en la capacidad de compra de los ciudadanos y en la rentabilidad de los promotores», advierte el informe. En esa línea, el estudio publicado este martes incluye también una estimación de la carga tributaria que recae sobre le promotor y la presión que soporta el comprador, cifrándolas respectivamente en un 10% y un 8,74% del coste total.
«Sorprende que un bien de primera necesidad sea un bien tremendamente penalizado desde el punto de vista fiscal», valoraba en la rueda de prensa de presentación del estudio el presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa. «Si de verdad nos preocupa un bien no tiene sentido que se penalice tanto», reiteraba el director general del centro de estudios, Gregorio Izquierdo.
El informe juzga como insuficiente la inversión pública en vivienda en comparación con los 52.000 millones de euros anuales que apuntan a que las administraciones públicas recaudan por tributos relacionados con estos bienes, una cuantía que equivale aproximadamente al 3,5% del PIB. «Esta magnitud contrasta con el peso dentro del total del gasto destinado por las administraciones públicas a políticas de vivienda, un 0,5% del PIB, lo que mostraría la relevancia en términos de recaudación que tiene este tipo de inmuebles para el conjunto de las administraciones y el menor peso de las políticas públicas en materia de la vivienda dentro de las prioridades de gasto del sector público», argumenta el texto.
El centro de estudios de la patronal calcula que en los próximos quince años, hasta 2040, España necesitará construir 2,2 millones de viviendas para dar techo a los nuevos hogares que se formen, un volumen de inmuebles que requerirá una inversión de aproximadamente 380.000 millones de euros. «Esto no se puede hacer solo desde el sector público. Se tiene que hacer con colaboración público-privada», avisó el presidente del IEE en la rueda de prensa, donde recalcó que «no se puede desdeñar ninguna fuente de financiación». A juicio de Fernández de Mesa, la elevada fiscalidad no contribuye a atraer la inversión privada necesaria para poner en pie viviendas. «España en absoluto es un país atractivo para inversores internacionales, que podrían jugar un papel importante. Habría que contar mucho mas con sector privado», expresó.
Más allá de los impuestos, el informe menciona como otro elemento fundamental para la construcción de vivienda y para determinar su precio final el suelo, que es la materia prima de la que se nutre el sector. Según las estimaciones de ASPRIMA, en el caso de una vivienda protegida de 140.000 euros, el coste de este componente supera de media el 30% del precio total del inmueble antes de impuestos y puede llegar hasta la mitad del monto final. Es por ello que el centro de estudios de la CEOE aboga por la liberalización de suelo. «El suelo se ve encarecido porque su transformación de suelo urbanizable a urbano se usa como medio de financiación de las arcas municipales y autonómicas», critica el informe.
