Almeida celebra que Consumo "estrangule" los anuncios de pisos turísticos ilegales en plataformas
Tras varios rifirrafes públicos entre el ministerio de Consumo y el Ayuntamiento de Madrid por quién tenía las competencias para bloquear anuncios de pisos turísticos ilegales en las plataformas que los ofertan, el departamento que dirige Pablo Bustinduy ha instado a Airbnb a eliminar un total de 65.935 anuncios en Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y País Vasco. El regidor de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha celebrado la decisión porque considera que la única vía para regular este tipo de alojamientos ilícitos es «estrangular la publicación y la comercialización de las viviendas ilegales».
Consumo ha remitido a Airbnb hasta tres resoluciones en los últimos meses en las que se ordenaba bloquear esos casi 66.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas detectados en su plataforma, según ha informado en un comunicado. Airbnb, sin embargo, recurrió ante la justicia estas resoluciones y, ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) avala las actuaciones de Consumo. El pronunciamiento es sobre la primera resolución que afecta a 5.800 anuncios y ahora la plataforma deberá retirar de manera inmediata, según figura en el auto judicial.
En el caso de Madrid, el ministerio de Consumo detectó más de 15.200 anuncios de pisos turísticos ilegales y reclamó al Consistorio que los eliminara. Martínez-Almeida aseguró entonces que no era su competencia: «Si el el ministro Pablo Bustinduy quiere que esos pisos no estén en el mercado, que haga un requerimiento a las comercializadoras con las competencias que tiene», sentenciaba. Ahora, el primer edil celebra que el TSJM respalde lo que ellos decían «desde el primer momento: Que esta era una competencia del Gobierno de España que la debía ejercer». Tras la resolución del TSJM, Almeida reclama al responsable de Consumo, Pablo Bustinduy, «que proceda en consecuencia» y cierre esos anuncios de pisos turísticos ilegales.
Son tres las razones que esgrime la cartera de Bustinduy para considerar ilegales los anuncios: que no incluyen el número de licencia o registro, tampoco indican si los arrendadores son profesionales o particulares y que los números de licencia que se publicitan en los anuncios no corresponden a los expedidos por las autoridades que tienen las competencias para ello.
La decisión del Alto Tribunal madrileño se produce la misma semana en que el Pleno del Ayuntamiento de Madrid debate -y aprueba- el Plan Reside municipal para regular los pisos turísticos y proteger el uso residencial en la ciudad.