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Gonzalo Bernardos, economista: «No me parece bien que Urbagestión sea un fondo buitre para Montse Mínguez, pero no lo sea su pareja cuando tiene muchas propiedades»

El debate sobre el alquiler ha situado a Montse Mínguez en el centro de la controversia por los negocios inmobiliarios de su pareja, Sergi Vélez. El economista Gonzalo Bernardos ha intervenido para cuestionar lo que considera una diferencia de criterio al valorar la actividad de los propietarios y las empresas dedicadas al arrendamiento.

Las informaciones publicadas vinculan las empresas de Vélez con una treintena de pisos en alquiler. «La pareja de Montse tiene 30 o más viviendas de alquiler y desahucia a los que no pagan», escribe Berbardos en su cuenta de X. Montse Mínguez, portavoz del PSOE y diputada por Lleida, ha defendido la legalidad del negocio familiar y ha negado que haya desahuciado a personas vulnerables.

P. M.

La crítica del economista no se dirige a la posesión de inmuebles ni a su explotación mediante arrendamientos. Su planteamiento distingue esa actividad de la responsabilidad de atender las situaciones de vulnerabilidad: «Me parece muy bien que las tenga porque permiten que vivan en ellas 30 o más inquilinos. También que la protección social la haga la Admon.»

Silvia López

Bernardos concreta sus objeciones con una pregunta: «¿Qué es lo que no me parece bien?». Primero cuestiona que «Isabel Rodríguez, llame a un propietario, aunque haya tomado decisión equivocada, pyme muy carroñera». Después señala la comparación que centra su reproche a la portavoz socialista: «Urbagestión sea un fondo buitre para Montse Minguez, pero no lo sea su pareja cuando tiene muchas más propiedades». El economista denuncia así lo que interpreta como un trato desigual hacia negocios inmobiliarios dentro del debate político.

Su tercer reparo se refiere al cumplimiento de las obligaciones tributarias: «Pagar impuestos sea un mérito, pues es una obligación». La polémica enfrenta las acusaciones de incoherencia dirigidas a Mínguez con la defensa que esta hace de la actividad de su pareja. La dirigente sostiene que sus empresas cumplen la normativa de vivienda y diferencia el alquiler gestionado por una compañía familiar de las prácticas que su partido atribuye a los fondos buitre.

El economista también ha cuestionado las medidas del Gobierno tras las protestas por el desahucio de Maricarmen. «Lo que el Gobierno no entiende es que si a un propietario le das elegir entre seguridad jurídica y rentabilidad del alquiler, casi todos elegirán seguridad jurídica». A continuación responsabiliza al Ejecutivo del deterioro que aprecia en esa garantía: «La que ha hundido el Gobierno con sus diferentes medidas, especialmente con los dos últimos decretos – ley».

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