Vivienda

4.500 pisos públicos de alquiler asequible contra la escasez de vivienda social en la Barcelona metropolitana

En el edificio PISA, en Cornellà de Llobregat (Barcelona), la estructura de madera se puede ver en el techo de los pisos, no hay casi tabiques ni pasillos y se ha aumentado el grosor de los aislamientos para mejorar la eficiencia energética. Estas viviendas de protección oficial se postulan como el ejemplo que ha de responder a las nuevas necesidades residenciales poscovid, según la Agenda Urbana de la ONU: asequibilidad económica, sostenibilidad ante la situación global ambiental y flexibilidad para una sociedad cambiante. Mirándose en este espejo, una nueva empresa público-privada ha anunciado que construirá 4.500 pisos de alquiler asequible.

Se trata de Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB), entidad formada por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), con el 25% del capital, el Ayuntamiento de Barcelona (otro 25%) y dos operadores privados, Neinor y Cevasa (50% restante) y cuyo objetivo es luchar, precisamente, contra la escasez de vivienda pública, agravada con la pandemia. La falta de vivienda construida y el aumento de los precios, combinados con los efectos de la crisis económica, hacen imposible que muchas personas puedan acceder a este derecho básico.

La metrópolis de Barcelona es uno de los territorios nacionales con un fuerte desajuste entre demanda, oferta y precio. Abriendo el foco, España tiene el parque de vivienda social más reducido de Europa, el 2,5% del total de viviendas, seis puntos por debajo de la media de los países de la Unión Europea (9,3%), según el ‘Boletín especial vivienda social’ del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Alquileres, entre 400 y 700 euros

Los pisos de alquiler asequible de HMB serán en régimen de protección indefinido para garantizar que no se privaticen nunca. Se construirán en los próximos ocho años, la mitad en Barcelona ciudad y la otra en el resto de su área metropolitana, con una inversión de 600 millones de euros, y se adjudicarán de acuerdo con los mecanismos habituales de las dos administraciones públicas. Los inquilinos pagarán el precio de alquiler de vivienda de protección oficial vigente en cada momento, que actualmente es de 8,95 euros el metro cuadrado como máximo (14,1 euros el metro cuadrado en la provincia de Barcelona).

Interior de una vivienda del edificio PISA en Cornellà de Llobregat, Barcelona. (José Hevia Autoría: Peris+Toral)Interior de una vivienda del edificio PISA en Cornellà de Llobregat, Barcelona. (José Hevia Autoría: Peris+Toral) Interior de una vivienda del edificio PISA en Cornellà de Llobregat, Barcelona. (José Hevia Autoría: Peris+Toral)

En caso de dificultades para pagar, las administraciones podrán subvencionar las cuotas. Los alquileres estarán entre los 400 y 700 euros mensuales, por debajo del precio de mercado, para evitar una eventual desprotección. En nuestro país, destinamos un 40% del salario a pagar el alquiler, según coinciden estudios conjuntos de portales de alquiler y la OCDE, mientras que Comisiones Obreras calcula que el 41% de los inquilinos soporta un alquiler excesivo, más del 30% de sus ingresos.

En una primera fase se construirán 640 viviendas con capacidad para 1.600 personas. Estarán ubicadas en ocho solares aportados por las administraciones entre Barcelona, Sant Boi de Llobregat, Montgat y Sant Adrià de Besòs, y se calcula que estas obras generarán 1.000 puestos de trabajo.

Sostenibilidad e innovación

Dar respuesta a los objetivos de las agendas 2030 y 2050 significa cambiar el paradigma de la arquitectura y la construcción de viviendas: “No nos podemos permitir no construir edificios eficientes, con la emergencia climática a la que nos enfrentamos”, dice Josep Maria Borrell, coordinador técnico del Instituto Metropolitano de Promoción de Suelo y Gestión Patrimonial (Impsol).

Los edificios se piensan ahora para reducir la huella ecológica, minimizar las emisiones de CO₂ y la demanda energética posterior. Esto se consigue construyéndolos con materiales reciclados y reciclables, como estructuras de madera. Con el aumento de los aislamientos, se permite la ventilación cruzada, y sistemas más eficientes como la aerotermia para calefacción y producción de agua caliente consiguen la reducción de la demanda energética (calefacción, agua, aire acondicionado…). Las placas fotovoltaicas, por su parte, sirven para producir electricidad a los servicios comunitarios.

Imagen virtual de la promoción de viviendas asequibles de AMB en Sant Just Desvern. (Carolina Catas/DataAE)Imagen virtual de la promoción de viviendas asequibles de AMB en Sant Just Desvern. (Carolina Catas/DataAE) Imagen virtual de la promoción de viviendas asequibles de AMB en Sant Just Desvern. (Carolina Catas/DataAE)

En cuanto a los inmuebles antiguos, “en el área metropolitana de Barcelona hay un total de 690.000 viviendas, y más de 400.000 se construyeron antes de 1980. Esto, sumado a las rentas familiares más bajas, marca la necesidad imperante de una rehabilitación, por las grandes deficiencias energéticas que presentan estas viviendas”, expone Jose Antonio Artímez, director del Consorci Metropolità de l’Habitatge, que se encarga de la rehabilitación de los inmuebles y las subvenciones para este fin.

“En un momento complicado como este, ahora que el ciudadano está más preocupado que nunca por su bolsillo —y es lógico—, y quizá no entienda qué necesidad tiene de aislar su fachada, las administraciones y los medios tenemos el deber de hacer una labor pedagógica para que entienda que vivir en un edificio cero residuos sí que es necesario. El sector residencial supone el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), pero es que, además, con una rehabilitación se ahorra en la factura de la luz y se gana calidad de vida. Y todo esto, con subvenciones para la rehabilitación”, concluye.

«En un momento complicado como este, el ciudadano medio quizá no entienda qué necesidad tiene de aislar su fachada»

Las nuevas viviendas del HMB y del Impsol también se basan en la flexibilidad y la inclusión. En estas viviendas, se han tenido en cuenta los nuevos modelos de familia y las nuevas formas de vivir, que rompen las jerarquías espaciales y los roles tradicionales. Se eliminan los pasillos, se amplían las estancias para ser utilizadas por varias personas a la vez, la cocina se sitúa en el corazón de la vivienda y se vincula la vivienda al paisaje urbano.

De acuerdo con una colaboración interadministrativa con el Gobierno español, AMB ha contado con una inyección de 5,4 millones por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que servirá para financiar el coste de explotación de 327 nuevas viviendas de titularidad pública en ocho promociones, que deben estar finalizadas antes de 2025. AMB suscribió un protocolo de colaboración con el Mitma y la Generalitat para fomentar la construcción de vivienda de alquiler asequible o social, que se concretará en el fomento de la promoción de 1.206 pisos por parte del Impsol/AMB. Este 2021, ya se ha recibido la notificación de la subvención de esos primeros 5,4 millones.

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